miércoles, 3 de mayo de 2017

Policía, Justicia y Estado

Por Marcos Escobar para El Diario del Juicio

Ph Elena Nicolay

El caso de Oscar Rolando Figueroa es crucial para llegar a tener una real noción del nivel al que llegaron a estar articuladas las burocracias en el proceso que comenzó con el Operativo Independencia y culminó con el inicio de la dictadura. Me refiero al plan de accionar sistemático llevado adelante por las Fuerzas Armadas Argentinas mediante el cual tomaron control de las estructuras estatales con el fin de implementar el terror en la población para así poder condicionar un cambio en la ideología que estaba comenzando a gestarse en la sociedad, al mismo tiempo que se desarmaban los movimientos sindicales y sociales que luchaban principalmente, por mejoras laborales y se plantaban como una resistencia al avance del capitalismo internacional.
El Proceso de Reorganización Nacional, como sería conocido a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, se enmarcaría a nivel continental dentro del Plan Cóndor, liderado desde Estados Unidos, en estrecha relación con el sector militar perteneciente a varios países latinoamericanos como Uruguay, Bolivia y Chile.
Quizás un análisis tan lejano resulte innecesario para explicar el caso de Rolando Figueroa, pero si es útil visualizar cuán grave fue la distorsión de los límites legales en Argentina durante la década del 70 y parte del 80.
Si tenemos en cuenta que los crímenes cometidos contra Figueroa sucedieron en 1974, encontramos la prueba de que el marco de formación del esquema represivo se remonta inclusive hasta antes del 75.
Fue secuestrado por primera vez en octubre de 1974, aunque no sabe a dónde fue llevado, luego de varios meses fue liberado cerca de la estación de Famaillá, desde donde pudo volver a su casa en la localidad de San José. Fue secuestrado nuevamente la misma noche de su regreso, entre el 3 y el 5 de diciembre, según consta el expediente de su causa.
Con la intención de buscar un culpable por el asesinato de Humberto Antonio Viola, o de crearlo a la fuerza, un grupo de personas armadas entre los cuales se encontraban los imputados Roberto Heriberto Albornoz, Miguel Ángel Carrizo y Luis Armando De Cándido, entraron violentamente a la casa de la madre de la víctima, donde vivía para la fecha.
Durante el mismo operativo también fueron secuestradxs su madre, María Vicenta Figueroa y su padrastro, Ángel Armando Palacios. Su cuñado, José Agustín Haro, también fue secuestrado esa misma noche pero de otro domicilio.
Lxs cuatro fueron llevados a la Jefatura de Policía, Figueroa recibió amenazas para que firmara unos papeles sin que se le permitiera leerlos, con la promesa de que él y su familia serían liberados de inmediato si lo hacía. Rolando firmó y su familia fue liberada a la madrugada. Sin embargo a él lo retuvieron y comenzó a ser torturado constantemente. A los pocos días se produjo su trasladado clandestino hacia algún lugar de Famaillá, donde continuó recibiendo constantes abusos. Fue encerrado en un ataúd durante varios días y luego sometido a un simulacro de fusilamiento. Se lo interrogaba a menudo sobre la muerte de militares y policías. Era picaneado y golpeado, además de ser obligado a observar cómo otras víctimas eran torturadas.
Después de varias semanas en ese lugar lo llevaron nuevamente a Jefatura de Policía donde el juez Manlio Martínez, quien está actualmente condenado por delitos de lesa humanidad, se presentó para interrogarlo. En esa ocasión fue nuevamente obligado por Albornoz y otros policías a firmar un papel sin poder leerlo. Luego se enteraría de que esas hoja tenía escrita una declaración en la cual se adjudicaba la muerte del capitán Viola, de su hija y de otras personas más, así como también se “declaraba” culpable de portación de armas, asociación ilícita y tenencia de panfletos subversivos.
En febrero de 1975 Rolando Oscar Figueroa, con solo quince años, era trasladado al Penal de Villa Devoto. No sería liberado hasta 1983, a pesar de que en 1979, estando en el Penal de La Plata, el defensor oficial le informó que había sido sobreseído, ya que lo habían declarado inimputable por ser menor de edad. A pesar de ello, debería esperar cuatro años para volver a ser libre. El motivo de esta situación es que legalmente se encontraba “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, el cual se encontraba bajo el control de las Fuerzas Armadas, ya en plena dictadura.
Su hermana, Olga Alicia Figueroa, declaró el pasado jueves 27 de abril “No sé qué le pasó. Estaba muy mal cuando volvió, muy mal. Estaba tan flaquito, que daba pena verlo”.

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